Blog de François Derbaix

¡Flipo!: el Consejo de Ministros acaba de aprobar la Ley Sinde, probablemente la mayor amenaza para las libertades en España desde que estamos en democracia.

Mi opinión: si un programa TV hace algo ilegal le condenas, le multas, pero no cierras el programa; si un periódico calumnia le multas, le condenas, pero no cierras el periódico; si una página web vulnera derechos de autores igual: le multas, pero no cierras el conjunto de la página web. Abrir esta puerta al cierre exprés de páginas (en menos de 4 días) me parece peligrosísimo para la libertad de expresión, y un arma arrojadiza para gobernantes actuales y futuros. ¿Qué pasa si a la comisión encargada de denunciar se le ocurre pedir el cierre de un blog por incluir un link a un sitio de descargas de torrents? ¿o el cierre de la Wikipedia por explicar cómo funcionan los sistemas P2P? ¿o a Google por enlazar con sitios de torrents?

Puedes apoyar al manifiesto uniéndote al grupo de apoyo al manifiesto en Facebook. También puedes ir a Voota y opinar sobre los artífices de esta Ley: Zapatero, Sinde, … y hacer ruido en tu blog, twitter, cuenta Facebook. «Si no hacemos ruido se sentirán más libres para seguir recortando libertades en la web» (@jlantunez).

Actualización 20/03/10: noticias relacionadas (via @JulioAlonso):

• SI ES LEGAL, ES LEGAL (campaña de Facua)
• El gobierno contra los ciudadanos… (NacionRed, 19/03)
• Rebelión en blogs y páginas webs… (20minutos, 19/03/)
• Internet se rebela contra la LES (Público, 19/03/10)
• … la ‘policía’ cultural de Internet (El País, 19/03)
• … sin modificaciones la «Ley Sinde» (ABC, 19/03/10)

Texto del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.